07/13/2026

COMUNICADO DE PRENSA 614-2026

• - El imputado presuntamente causó un daño patrimonial superior a 8.7 millones de pesos en un proyecto residencial de La Ribera

Los Cabos, BCS.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur obtuvo vinculación a proceso de Carlos “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de fraude agravado y administración fraudulenta, derivados de presuntas irregularidades en la construcción de un proyecto residencial en la localidad de La Ribera.

Durante la audiencia inicial celebrada el 17 de junio, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Diversos en La Ribera, formuló imputación en contra del probable responsable. Tras el análisis de los datos de prueba, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por ambos delitos.

De acuerdo con la investigación, entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, el imputado, quien se desempeñaba como ingeniero civil y director responsable de la obra, presuntamente autorizó y permitió que la construcción se realizara sobre una plataforma elaborada con material inadecuado para soportar la edificación, pese a conocer que el terreno no reunía las condiciones técnicas necesarias.

Además, presuntamente continuó solicitando y recibiendo pagos de las víctimas bajo el argumento de que la obra se ejecutaba correctamente, cuando las deficiencias estructurales hacían que el proyecto fuera inviable y requiriera su demolición total.

Las investigaciones también establecen que el imputado y otras dos personas, ya vinculadas a proceso dentro de la misma carpeta de investigación, habrían administrado de manera indebida los recursos entregados para la construcción, mediante presuntas alteraciones de cuentas, simulación de gastos y uso distinto al autorizado de los fondos destinados al proyecto.

El monto del presunto daño patrimonial asciende a 8 millones 739 mil 400 pesos con 22 centavos, correspondiente a los recursos entregados por las víctimas para la obra.

Como medidas cautelares, el Juez impuso al imputado una garantía económica de 50 mil pesos, la prohibición de acercarse a las víctimas y testigos, así como la suspensión temporal del ejercicio de su actividad profesional.

Asimismo, fijó el 13 de agosto de 2026 como fecha para el cierre de la investigación complementaria.

Con estas acciones, la PGJE refrenda su compromiso institucional con la investigación científica y profesional, manteniendo un esfuerzo permanente en las tareas de búsqueda y localización de personas para brindar certeza y justicia a las familias sudcalifornianas.